Simbolo de Modernidad, del Progreso y del Bien Común en el Perú!!!

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13 de julio de 2008

VICTOR DÍAZ - LIDER SINDICAL OPINA SOBRE EL DECRETO LEGISLATIVO 1057

La aprobación del DL N° 1057 que regula el Regimen Especial de la Contratación Administrativa de Servicios, incluye 15 dias de vacaciones, un tope de 48 horas de trabajo y la afiliacion previsional optativa entre el sistema PRIVADO o PUBLICO con compromiso de obligaciones por parte del Estado en el aporte en el tema de salud.

Todo esto suena muy bien pero veamos el análisis del referido Decreto:

Cuestionamientos

1º Existen trabajadores que vienen laborando por mas de 10 o 12 años en servicios no personales en algunas entidades del Estado. Esto indica que son plazos que exceden toda modalidad de trabajo temporal que es de 05 años, por tanto, deberia diferenciarse entre la necesidad del servicio estable y eventual para reconocerle al empleado su estabilidad laboral de acuerdo a la necesidad del servicio o contratar como temporales al que realice realmente una actividad eventual.

2º Se establece 15 dias de descanso al año, lo que los pone en una condicion de semi trabajadores ya que el trabajador normal goza de 30 dias de vacaciones.

3º Se señala que esta norma es aplicable a todas las entidades del Estado que se rijan por la Ley 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa) pero estos trabajadores no pasan a estar sujetos a esta ley.

4º Ademas la norma no establece para estos trabajadores el pago de gratificacion ni CTS, un derecho que todos deberian tener.

Por tanto no se ha dicho nada aún sobre los trabajadores contratados por Servicios No Personales que han sido despedidos para dar paso a FAVORITOS DEL GOBIERNO APRISTA, ni sobre el exceso de personal contratado en sectores como el de SALUD que realizan trabajos innecesarios por el solo hecho de ser apristas. La falta de transparencia en el gobierno sigue generando contradicciones.

Victor Diaz
Dirigente Sindical

2 comentarios:

NORBERTO ESCOBEDO dijo...

D. Leg. Nº 1057 ¿GATO POR LIEBRE?
El caso de los SNPs.

Norberto Escobedo Loyola
nel_abogados@yahoo.es

escobedoloyola@yahoo.es

Desde hace muchos años, el Estado ha actuado de manera nefasta con un buen sector de sus trabajadores, en este caso quiero referirme al sector público. Con el viejo cuento de la austeridad, se dejó de lado el nombramiento de los servidores públicos desde la década pasada –salvo educación en algunos casos- Pero la administración pública debía seguir operando y naturalmente, con el crecimiento de la población, la demanda de los servicios también ha crecido. Pero, el número de trabajadores nombrados no crece por que el Estado “ideó” un método de atender este déficit de personal, en base a la contratación ilegal del trabajador mediante los famosos contratos por Servicios No Personales. Este modelo de contratación desnaturalizado de su esencia primigenia, ha servido para que el Estado “ahorre mucho dinero”, dejándole de pagar al trabajador sus beneficios sociales básicos. Es decir, el Estado con su ius imperium ha actuado como explotador a quien debía proteger.

El Congreso de la República, mediante la Ley Nº 29157 delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 180 días, sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU y su Protocolo de Enmienda, destinadas al fortalecimiento institucional y la modernización del Estado. Y una de las normas que se ha emitido en base a esta coyuntura es el D. Leg. Nº 1057 denominada “Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de servicios (RECAS).

Mediante el RECAS el gobierno pretende hacer justicia a ese grupo de trabajadores que nunca han tenido ningún beneficio laboral, no obstante ser trabajadores con las mismas obligaciones y responsabilidades que un nombrado, tal como se ha difundido con bombos y platillos por los diferentes medios de comunicación. Esta ha sido (esperamos que deje de serlo) una forma perversa de discriminación, que de seguir así estaría vulnerando incluso el actual Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU (llamado TLC) increíble ¿no?

Sin embargo, al revisar los pocos artículos de este decreto legislativo, no dice lo que pregona el gobierno. Es decir, los están dando gato por liebre. Porque más son los perjuicios que los beneficios y ya sabe a chicharrón de sebo.

En primer término. ¿Para quien va dirigida esta norma?
Si es para las nuevas contrataciones que va hacer Estado con el objeto de cubrir las plazas con carácter permanente, puede ser justificable de algún modo y de esta manera se estaría erradicando el más nefasto método de explotación por parte del estado, al otorgárseles sus derechos laborales a estos nuevos trabajadores.

Pero si esta norma se pretende aplicar a los trabajadores que ya vienen laborando en el sector público más de un año de manera consecutiva, subordinados a un jefe, con permanencia en su centro de trabajo, con horario fijo, percibiendo una remuneración fija, ocupando un cargo o función de naturaleza permanente. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de trabajadores que han adquirido una serie de derechos laborales sustentado en las normas vigentes. Como la Constitución Política del Estado, el D. Leg. Nº 276, Ley Nº 24041, Ley Nº 28175- Ley marco del empleado público y normas conexas vigentes hasta antes de la entrada en vigencia del D. Leg. Nº 1057. Es decir, el trabajador con las características descritas en este párrafo, ya tiene ganado el derecho a 30 días de vacaciones remuneradas, a no ser despedido arbitrariamente, a su seguridad social y previsional, jubilación etc. Beneficios que se perdería, por que la nueva modalidad de contratación desconoce a estas normas laborales para estos trabajadores (segunda parte del primer párrafo del Art. 3 del D. Leg. Nº 1057)

Porque hay algo que se debe tener bien en claro, UNA COSA ES EL DERECHO, que todo trabajador con más de un año de trabajo continuo ya lo tiene ganado (Artículo 1º de la Ley Nº 24041) y OTRA COSA ES EL GOCE Y DISFRUTE DE ESE DERECHO, que el Estado hasta ahora lo ha negado en mil idiomas. Claro, muchos dirán que esta norma se circunscribe en la teoría de los hechos cumplidos y no en la de los derechos adquiridos, pero esas son discusiones estériles por que los derechos laborales son irrenunciables y la Constitución lo declara taxativamente y no requiere mayor interpretación como muchos quisieran hacerlo, cuando se persigue propósitos nada santos.

¿Por qué entonces se pretende obligar a los trabajadores activos, a firmar un contrato que a todas luces va desmejorar su situación actual? Automáticamente pierde su estabilidad laboral ya ganada, porque de ahora en adelante los contratos son a plazo determinado (Art. 5 del D. Leg. Nº 1057), es decir a plazo fijo, con cargo a ratificarlo por un nuevo periodo sí, pero sujeto a varias condiciones (Art. 4 del D. Leg. Nº 1057) muy fácil de ser manejados políticamente y ser despedido. Así mismo, pierde 15 de los 30 días de vacaciones que ya tenía ganado pero que el mismo Estado se lo ha negado. SIN EMBARGO, ESTOS TRABAJADOS TINEN ABIERTAS LAS PUERTAS PARA EXIGIR ADMINISTRATIVA Y JUDICIALMENTE se cumplan estos derechos. E INCLUSO A NEGARSE A FIRMAR LOS NUEVOS CONTRATOS, por que la Ley es para los que recién por primer vez, y a partir de la entrada en vigencia de esta norma, van a celebrar un contrato administrativo de servicios, por que la ley laboral no es retroactiva.

Finalmente, para nadie es un secreto que el Estado ha venido explotando al trabajador conocido como SNP, por su situación aparentemente frágil. Ellos siempre han vivido atemorizados por el despido, o la no ratificación de sus contratos. Nunca se han organizados por las mismas razones, no obstante las normas laborales nacionales e internacionales permiten que se organicen, formen sus sindicatos asociaciones u organizaciones similares (en una misma institución o empresa puede haber mas de un sindicato, la ley no lo prohíbe), por que son trabajadores tan igual que un nombrado en cuanto a derechos se refiere. Y para concluir, debo indicar lo irónico que es la vida, pues para denunciar al Estado que esta incumpliendo sus obligaciones laborales, deben acudir al mismo Estado (Ministerio de trabajo o autoridad jurisdiccional) para exigir su cumplimiento. Es decir, en materia laboral del sector público, el Estado es juez y parte.

Suerte servidores SNP, ¡¡ hagan prevalecer sus derechos!!

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NORBERTO ESCOBEDO dijo...

D. Leg. Nº 1057 ¿GATO POR LIEBRE?
El caso de los SNPs.

Norberto Escobedo Loyola
nel_abogados@yahoo.es

escobedoloyola@yahoo.es

Desde hace muchos años, el Estado ha actuado de manera nefasta con un buen sector de sus trabajadores, en este caso quiero referirme al sector público. Con el viejo cuento de la austeridad, se dejó de lado el nombramiento de los servidores públicos desde la década pasada –salvo educación en algunos casos- Pero la administración pública debía seguir operando y naturalmente, con el crecimiento de la población, la demanda de los servicios también ha crecido. Pero, el número de trabajadores nombrados no crece por que el Estado “ideó” un método de atender este déficit de personal, en base a la contratación ilegal del trabajador mediante los famosos contratos por Servicios No Personales. Este modelo de contratación desnaturalizado de su esencia primigenia, ha servido para que el Estado “ahorre mucho dinero”, dejándole de pagar al trabajador sus beneficios sociales básicos. Es decir, el Estado con su ius imperium ha actuado como explotador a quien debía proteger.

El Congreso de la República, mediante la Ley Nº 29157 delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 180 días, sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU y su Protocolo de Enmienda, destinadas al fortalecimiento institucional y la modernización del Estado. Y una de las normas que se ha emitido en base a esta coyuntura es el D. Leg. Nº 1057 denominada “Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de servicios (RECAS).

Mediante el RECAS el gobierno pretende hacer justicia a ese grupo de trabajadores que nunca han tenido ningún beneficio laboral, no obstante ser trabajadores con las mismas obligaciones y responsabilidades que un nombrado, tal como se ha difundido con bombos y platillos por los diferentes medios de comunicación. Esta ha sido (esperamos que deje de serlo) una forma perversa de discriminación, que de seguir así estaría vulnerando incluso el actual Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU (llamado TLC) increíble ¿no?

Sin embargo, al revisar los pocos artículos de este decreto legislativo, no dice lo que pregona el gobierno. Es decir, los están dando gato por liebre. Porque más son los perjuicios que los beneficios y ya sabe a chicharrón de sebo.

En primer término. ¿Para quien va dirigida esta norma?
Si es para las nuevas contrataciones que va hacer Estado con el objeto de cubrir las plazas con carácter permanente, puede ser justificable de algún modo y de esta manera se estaría erradicando el más nefasto método de explotación por parte del estado, al otorgárseles sus derechos laborales a estos nuevos trabajadores.

Pero si esta norma se pretende aplicar a los trabajadores que ya vienen laborando en el sector público más de un año de manera consecutiva, subordinados a un jefe, con permanencia en su centro de trabajo, con horario fijo, percibiendo una remuneración fija, ocupando un cargo o función de naturaleza permanente. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de trabajadores que han adquirido una serie de derechos laborales sustentado en las normas vigentes. Como la Constitución Política del Estado, el D. Leg. Nº 276, Ley Nº 24041, Ley Nº 28175- Ley marco del empleado público y normas conexas vigentes hasta antes de la entrada en vigencia del D. Leg. Nº 1057. Es decir, el trabajador con las características descritas en este párrafo, ya tiene ganado el derecho a 30 días de vacaciones remuneradas, a no ser despedido arbitrariamente, a su seguridad social y previsional, jubilación etc. Beneficios que se perdería, por que la nueva modalidad de contratación desconoce a estas normas laborales para estos trabajadores (segunda parte del primer párrafo del Art. 3 del D. Leg. Nº 1057)

Porque hay algo que se debe tener bien en claro, UNA COSA ES EL DERECHO, que todo trabajador con más de un año de trabajo continuo ya lo tiene ganado (Artículo 1º de la Ley Nº 24041) y OTRA COSA ES EL GOCE Y DISFRUTE DE ESE DERECHO, que el Estado hasta ahora lo ha negado en mil idiomas. Claro, muchos dirán que esta norma se circunscribe en la teoría de los hechos cumplidos y no en la de los derechos adquiridos, pero esas son discusiones estériles por que los derechos laborales son irrenunciables y la Constitución lo declara taxativamente y no requiere mayor interpretación como muchos quisieran hacerlo, cuando se persigue propósitos nada santos.

¿Por qué entonces se pretende obligar a los trabajadores activos, a firmar un contrato que a todas luces va desmejorar su situación actual? Automáticamente pierde su estabilidad laboral ya ganada, porque de ahora en adelante los contratos son a plazo determinado (Art. 5 del D. Leg. Nº 1057), es decir a plazo fijo, con cargo a ratificarlo por un nuevo periodo sí, pero sujeto a varias condiciones (Art. 4 del D. Leg. Nº 1057) muy fácil de ser manejados políticamente y ser despedido. Así mismo, pierde 15 de los 30 días de vacaciones que ya tenía ganado pero que el mismo Estado se lo ha negado. SIN EMBARGO, ESTOS TRABAJADOS TINEN ABIERTAS LAS PUERTAS PARA EXIGIR ADMINISTRATIVA Y JUDICIALMENTE se cumplan estos derechos. E INCLUSO A NEGARSE A FIRMAR LOS NUEVOS CONTRATOS, por que la Ley es para los que recién por primer vez, y a partir de la entrada en vigencia de esta norma, van a celebrar un contrato administrativo de servicios, por que la ley laboral no es retroactiva.

Finalmente, para nadie es un secreto que el Estado ha venido explotando al trabajador conocido como SNP, por su situación aparentemente frágil. Ellos siempre han vivido atemorizados por el despido, o la no ratificación de sus contratos. Nunca se han organizados por las mismas razones, no obstante las normas laborales nacionales e internacionales permiten que se organicen, formen sus sindicatos asociaciones u organizaciones similares (en una misma institución o empresa puede haber mas de un sindicato, la ley no lo prohíbe), por que son trabajadores tan igual que un nombrado en cuanto a derechos se refiere. Y para concluir, debo indicar lo irónico que es la vida, pues para denunciar al Estado que esta incumpliendo sus obligaciones laborales, deben acudir al mismo Estado (Ministerio de trabajo o autoridad jurisdiccional) para exigir su cumplimiento. Es decir, en materia laboral del sector público, el Estado es juez y parte.

Suerte servidores SNP, ¡¡ hagan prevalecer sus derechos!!
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