Simbolo de Modernidad, del Progreso y del Bien Común en el Perú!!!

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13 de febrero de 2008

CASO TULA BENITEZ. BIEN POR JAVIER BEDOYA Y POR EL PPC - UNIDAD NACIONAL, MAL Y VERGUENZA AJENA POR LOS APRISTAS Y LOS FUJIMORISTAS


Amigos, adjunto la crónica del día hecha por Renato Cisneros del diario El Comercio, pienso que deja claro quien es quien en el Congreso de la República y el rol actual de los Partidos Políticos. Amigo Elector y ciudadanos del Perú, vea que Partido es consecuente con la MORAL, la ETICA y la LEGALIDAD.



El 2010 y 2011, VOTE POR QUIEN DIGNIFICA LA POLÍTICA, LA MORAL Y LA ÉTICA. VOTE POR QUIEN PRESENTA PLAN DE GOBIERNO Y ES CONSECUENTE CON SUS IDEALES. VOTE BIEN, YA ESTAMOS HARTOS DE LA IMPUNIDAD E INMORALIDAD DE LOS APRISTAS Y DE LOS FUJIMORISTAS. BIEN POR EL PPC, GRACIAS JAVIER BEDOYA.



Un fuerte abrazo a todos. OIY



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Aprueban acusación contra Benites por peculado, colusión y falsedad genérica
Apristas la defendieron hasta el final y votaron contra el informe. Bruce se abstuvo. Documento fue aprobado con cinco votos a favor

Por Renato Cisneros - El Comercio, 13 de Febrero de 2008.


Eran las 10:42 de la mañana de ayer cuando la congresista del Apra Tula Benites se levantó renegando de su asiento para desalojar la sala María Elena Moyano del Palacio Legislativo, inventando un túnel entre el bosque de periodistas.


Los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que iban a decidir su suerte la habían obligado a que desocupase la mesa de sesiones a la que llegó acompañada por su abogado. Le recordaron que la etapa de audiencias ya había concluido y que por ello no podía ocupar la misma mesa que los miembros de la subcomisión y que mejor ocupara las sillas asignadas a los asesores. La controvertida parlamentaria optó por marcharse, refunfuñando y reclamando su derecho a defensa (derecho que, por cierto, ella ya tuvo oportunidad de ejercer en audiencias previas).


Se pensó que sin la presencia de Benites la sesión transcurriría en calma y normalidad. Sin embargo, una vez iniciado el debate sobre el proyecto de informe final presentado por el congresista Fredy Otárola (PNP), el clima de la sala --ya sofocante por la falta de un respetable sistema de aire acondicionado-- se calentó con el paso de los minutos.


En la mesa, los tres congresistas del Apra (con José Vargas como su más ardoroso representante) se batían disciplinadamente, desplegando toda clase de interpretaciones y argumentos, con el objetivo de que la compañera Tula saliera lo menos enlodada posible.


Al frente de ellos, los legisladores que apoyaban el informe de Otárola --básicamente Javier Bedoya de Vivanco (UN), Carlos Bruce (AP) y Cayo Galindo (PNP)-- deshacían con facilidad los reparos apristas, muchos de ellos harto incongruentes, si consideramos que en otros debates de similar temática (el que se produjo en el caso de la procesada congresista Elsa Canchaya, por ejemplo) el partido oficialista asumió con ánimo castigador una postura diligente en favor de la acusación constitucional.


Entre ambos sectores, las dos mujeres de la Subcomisión, Martha Moyano (GPF) y Karina Beteta (UPP), optaban por posiciones menos apasionadas. Moyano --quien, vestida de amarillo, lucía idéntica a la fotografía de su hermana María Elena, que decora las paredes de la sala que lleva su nombre-- participaba de la discusión sin involucrarse demasiado, apenas lo suficiente como para dejar en claro que no estaba de acuerdo con acusar a Benites (y adelantando así, de taquito, la actitud que el fujimorismo posiblemente exhibirá cuando el lunes 25 se revise el caso de su correligionario Ricardo Pando).


La joven congresista Beteta, en cambio, parecía una invitada de piedra, pues se mantuvo completamente muda e inmóvil las casi dos horas que duró la sesión. Que levantara la mano para pronunciarse al momento de la votación final fue todo un esfuerzo muscular de su parte.




CONTRA EL PECULADO
Aunque recibió el respaldo de cinco miembros de la subcomisión, quedó la sensación de que el informe de Fredy Otárola flojeaba en los párrafos en que se sustentaba la acusación contra Benites por el supuesto delito de peculado en la contratación del funcionario Juan Carlos Cuadros, quien --según el informe-- cobró su sueldo sin presentarse en el despacho de doña Tula.


Los otros dos ilícitos consignados (colusión y falsedad genérica) no erizaron tanto los ánimos de la subcomisión.


Para Bedoya de Vivanco, más que en la definición de peculado, la actuación irregular de Benites se enmarca con mayor propiedad bajo la descripción del delito de estafa. Esa lectura no convenció a los apristas, que --sin ruborizarse-- alegaron que no había ni peculado, ni estafa, ni colusión, tan solo falsedad genérica. Es más, ellos sostuvieron hasta el cansancio que no se podía sancionar a Benites dos veces, tomando en cuenta que ya la Comisión de Ética del Congreso había decidido suspenderla en sus funciones por 120 días.


Bedoya pidió la palabra e hizo trizas esa teoría, aclarando que el plano ético no puede confundirse con el plano penal y que por ello la acusación constitucional resultaba pertinente. Ante esa magistral clase relámpago de derecho, el aprista José Vargas no tuvo mejor idea que empobrecer el nivel de la polémica con la siguiente perla ramplona: "Bueno, el doctor Bedoya (de Vivanco) sabe mejor que nadie la diferencia entre pecado y delito" (en una obvia y muy mezquina alusión a la frase que don Luis Bedoya Reyes empleara en televisión hace algunos años para defender a su hijo Luis Bedoya de Vivanco, luego de que se probara que el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos financió la campaña que lo llevó a la alcaldía de Miraflores).


Bedoya oyó el comentario burlón de Vargas, pero prefirió tomar un trago de agua, contar en silencio hasta diez y no seguirle la cuerda a su colega.




EL FUTURO DEL CASO
Al final de la cita, los votos se repartieron de la siguiente manera. A favor de la acusación constitucional contra Benites se manifestaron Freddy Otárola, Javier Bedoya de Vivanco (con reservas), el legislador Cayo Galindo, Karina Beteta y el presidente del grupo de trabajo, José Saldaña (a quien, vale la pena señalarlo, le faltó liderazgo y le sobraron dudas en varios tramos del debate).


En contra de la acusación, como se esperaba, votaron Martha Moyano y el bloque aprista conformado por Franklin Sánchez, Julio Herrera y José Vargas.


Carlos Bruce prefirió abstenerse de votar, a pesar de que, como explicaría después, está de acuerdo con el fondo de esta acusación.


QUÉ SE VIENE
El Caso Pando será visto el lunes 25
4 El informe aprobado ayer por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pasará en los próximos días a la siguiente instancia: la Comisión Permanente. Si el documento recibe luz verde, de ahí sería votado en el pleno del Congreso.
4 Ayer la Subcomisión acordó posponer hasta el lunes 25 el debate sobre la propuesta de informe final sobre el caso del congresista Ricardo Pando Córdova (del Grupo Parlamentario Fujimorista), quien ha sido denunciado por infracción constitucional y por la presunta comisión de los delitos de peculado y falsedad genérica, por haber contratado como personal de su despacho congresal a un trabajador que, presuntamente, cumplía otras funciones en el mismo horario.
4 Según Carlos Bruce, legislador encargado de presentar el informe del Caso Pando, la acusación contra el fujimorista solo debería responder al delito de falsedad genérica.


DEL CONSULTOR
Congreso es débil ante el escándalo*
El caso de Tula Benites es doloroso, no solo para ella y su partido. Ha marcado su imagen antes de que hayamos conocido algo de su gestión. No voy a echar leña al fuego sobre lo que hizo o no hizo, pero sí hay que advertir que la representación y la propia democracia representativa son muy débiles ante el escándalo. Simplemente, se rompe el vínculo que le da origen y sustenta su legitimidad.


El Congreso ha perdido legitimidad por la conducta de los acusados y los llamados a investigar y dictaminar si procede la acusación. El daño es a la institución, a la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas.


No habrá más remedio que sacar del Congreso la decisión, quizás ponerla en manos del Jurado Nacional de Elecciones. La vacancia por estar envuelto en un escándalo debe ser casi automática, producido el escándalo se vaca por aplicación de un Código de Ética que antecede --por sus propias previsiones-- a la acusación constitucional y la acción jurisdiccional. Me dirán, con razón, ¿qué habría pasado con ustedes si el JNE del fujimorato hubiera ejercido ese poder frente a la oposición de entonces? Diré que tienen razón, que habrá que blindar a esa entidad u otra, que no se trata de mezclar el tema con los antejuicios constitucionales ni la lenta acción penal que tiene que seguir su curso. Pero esa frase que tantas veces dije a los fujimoristas --otorongo no come otorongo-- es cierta para todos, no solo para ellos, por eso la democracia debe separar funciones y competencias haciendo un balance de modo que nadie se fiscalice a sí mismo o a sus pares.
* Henry Pease Ex presidente del Congreso

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